Santa Rosa, 3 de junio- Se conformó el Plenario de comisiones de Legislación General, Ecología, Legislación Social y Asuntos Agrarios. Concurrieron Jorgelina Montoya, Andrea Figueruelo y Andrés Corró Molas en representación del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), en el marco de las visitas que se están llevando a cabo para debatir la ley de Plaguicidas. Para empezar, Montoya dijo que encontraron algunos “contrasentidos” en el proyecto oficial, y mostró un power point donde detalló aspectos técnicos. Explicó, también, que “de la mano de la siembra directa se empezó a utilizar más herbicidas”.
Dijo que con los nuevos paquetes tecnológicos, “se ha logrado el incremento de la producción nacional”. Sin embargo, aclaró que “no es todo color de rosas con una nueva tecnología, porque siempre hay efectos colaterales”. El uso de estos herbicidas, explicó, “ha generado malezas resistentes, que sobreviven a la utilización de herbicidas, y es un efecto negativo ya que al no poder quitarla, ejerce su competencia. Se está trabajando para implementar un sistema para combatir eso”.
“¿Por qué nos preocupa tanto lo fitosanitario?”, se preguntó Montoya. “Porque tiene un grado de toxicidad. Se los puede calificar como extremadamente peligroso hasta improbablemente peligroso. Se habla mucho del riesgo. Pero ¿cuándo tendríamos un riesgo alto? Cuando hay una alta exposición. En este sentido, puede ser un residuo en una verdura”, contó.
Luego Montoya explicó qué son las buenas prácticas: “Se trata de hacer las cosas bien y de dar garantía de ello, es decir, que esté demostrado que esa práctica va a asegurar la producción y también va a cuidar el medio ambiente. Hoy por ejemplo estamos viviendo una pandemia como consecuencia de las ‘malas prácticas’”, graficó.
Por otro lado, planteó que “en la ley no están directamente manifestado las buenas prácticas en todo el territorio”, y recomendó que “sería muy importante un programa de buenas prácticas tendiente a una producción más sustentable. Es clave que hayan programas de formación de todos los actores involucrados”.
Montoya explicó que la preocupación de todos es la de definir cómo abordar la reducción de los fitosanitario. Por eso, dijo, “necesitamos sobre más que nada información, conocer las alternativas que hay o también más conocimiento sobre el manejo de las plagas”.
Recomendó “trabajar más con gotas, porque va a disminuir el riesgo de las derivas” y “promoviendo que no vaya al área sensible”.
En la ronda de preguntas, se les preguntó por qué el nombre de ‘buenas prácticas’ si, en definitiva, se corre riesgo. “El concepto buenas prácticas es de uso internacional, mantener ese concepto no me parece inapropiado, y nos parece que debe estar mejor marcado, con un programa que especifique el manejo”, respondió Montoya.
Otro diputado le preguntó si no sería mejor aplicar las condiciones en vez de las distancias. “Tenemos que pensar en las aplicaciones de acuerdo a la dirección del viento con un límite de 18 kilómetro de máximo del viento”, contestó.
Los representantes de INTA fueron consultados por el límite que tienen los agroquímicos debido a la resistencia que se va generando en las malezas. “Las resistencias son una respuesta natural, un problema de tipo mundial”, dijo Montoya.
Se le preguntó, también, qué información tiene el INTA con el impacto a la salud de la población. “No tenemos ese alcance, lo tiene el Ministerio de Salud”, respondió la ingeniera. A su vez, se le consultó cuáles son las recomendaciones respecto a las distancias. “Hay mucha información, consideramos que tiene que haber una mínima distancia que impida el ingreso de personas ajenas a la explotación, pero ante todo creemos en la profesionalización de las aplicaciones”, cerró.
Más adelante, concurrieron Daniela Salazar y Romina Jáuregui en representación del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), y plantearon algunos puntos técnicos sobre artículos del proyecto original de Plaguicidas.
Se les preguntó qué información tiene Senasa respecto a las consecuencias en la salud de la población, pero dijeron que esos datos no maneja este organismo. No obstante, explicaron el proceso de los estudios que se realizan sobre los alimentos que se consumen.
“Tenemos un programa de fiscalización, y en base a eso se establece un muestreo de frutas y hortalizas. A partir de ahí, se hace un registro y estudios por zonas, de frutas y verduras, y se buscan una lista de 40 productos que se mandan para analizar. Si se detecta algún desvío o un exceso, a esa producción se le hace un acta y no se puede comercializar hasta que el productor no revea esa producción”, explicitó Salazar.
Por otro lado, los diputados que integran la comisión de Legislación General sacaron dictamen por mayoría del Frejupa y de Comunidad Organizada y por minoría de la Unión Cívica Radical y de Propuesta Federal, al proyecto del Ejecutivo por el que se aprueba el Convenio Marco celebrado entre el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud de la Provincia para la implementación del Programa Nacional de ciudades, municipios y comunidades saludables.

Plenario de comisión

 

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