Juzgado Civil Nº  4 de La Pampa

Superior  Tribunal de Justicia de La Pampa

Estadísticas  Corte Suprema – Oficina de Violencia Doméstica

 

GMF c/ J. H. J. s/ Daños y Perjuicios E 77082/09

Santa Rosa, 30 de Diciembre de 2011..-

 

VISTOS:

Los presentes autos caratulados:"G. M. F. c/ J. H. J. s/  Daños y perjuicios". Expte. E 77082/09, en trámite por ante este Juzgado,  Civil y Comercial, Laboral y de Minería n°4, de esta Primera Circunscripción  Judicial y de los que,

RESULTA:

Que a fs. 29 se presenta la Dra. A. M. M., en representación de M. G. y  promueve demanda contra H. J., ex pareja de su mandante, pretendiendo que se lo  condene a resarcir los daños derivados del maltrato que recibió la mujer  durante la relación que mantuvieron.

Explica que M. G. se radicó en esta ciudad para trabajar y estudiar una  carrera universitaria y en que julio de 2005 inició una relación sentimental  con H. J., que “era perfecta y la felicidad parecía que no iba a terminar,  reinaba la armonía y el amor mutuo.”

Con el tiempo –relata- la relación fue afianzándose y el hombre le  propuso que dejara su empleo y fuera a trabajar con él a su empresa, lo que  ocurrió en abril de 2006.

Agrega que a partir de esa fecha M. G. comenzó a ocuparse de todo tipo  de tareas administrativas, cobrando un sueldo y comisiones por ventas, todo sin  recibo.

Tiempo después –expresa- iniciaron la convivencia y la pareja parecía  consolidarse, pero, en septiembre de 2006, cuando la joven dependía por  completo de su novio -ya que convivía en su hogar y trabajaba en la  administración de su empresa- comenzó a soportar “alteraciones verbales” sobre  su persona, enojos, vociferaciones amenazantes, siempre sin justificativo.

Relata que durante el noviazgo el comportamiento de H. J. había sido  normal, pero con la convivencia comenzó a celar a su pareja y a prohibirle el  uso de remeras escotadas, pantalones ajustados o ropa moderna, todo lo cual  menoscababa la personalidad de ella y la volvía sumisa y solitaria

Refiere que la joven abandonó la carrera universitaria que cursaba  porque cada vez que volvía de la facultad tenía un problema en su hogar.

A continuación menciona la violencia psicológica de la que fue objeto y  agrega que entre septiembre y octubre de 2006 las agresiones pasaron, además, a  ser físicas.

Adjunta acta de denuncia de lesiones de fecha 27 de octubre de 2006,  efectuada ante la Seccional Primera y menciona que a esa altura la mujer ya se  había enterado de que la ex esposa de J. lo había denunciado en dos  oportunidades por violencia.

Menciona que después de la agresión y con custodia policial M. G.  retiró sus pertenencias del domicilio de H. J. y se mudó. Pero, comenzó a ser  amenazada telefónicamente y perseguida por su ex pareja y tuvo que realizar una  nueva denuncia que tramitó ante el Juzgado de Instrucción y Correccional Nro.  1, a cargo del Dr. Jensen.

Asegura que el demandado insistía telefónicamente y continuamente  seguía a la mujer, le suplicaba perdón y le decía que nunca más volvería a  lastimarla. Hablaba con sus amistades para que intercedieran y lograran que  ella volviera con él y que lo ayudara con la empresa. Y fue tanta su  insistencia que la actora llegó a creer que su pareja podía cambiar y que las  cosas volverían a arreglarse.

Entonces –señala- en enero de 2007 M. G. volvió a trabajar en la  empresa, comenzando una nueva etapa en la que parecía que la relación de la  pareja iba a mejorar. Reiniciaron la convivencia y se alternaron las semanas en  las que aparentemente todo estaba en orden con otras en las que la joven sufría  humillaciones y agresiones verbales y físicas.

Indica que en abril de 2008 la mujer ya no soportaba la violencia que  para ese entonces había recrudecido y decidió retirarse del hogar, pero  continuó trabajando en la empresa de quien había sido su pareja. Allí, el 19 de  mayo de 2008, se produjo un nuevo episodio de violencia. H. J. la humilló y la  echó del lugar, pero, cuando se dispuso a hacerlo la golpeó en su cuerpo, cara  y brazos, produciéndole un corte a la altura del párpado superior izquierdo con  importante sangrado. Mareada por el golpe le pidió a su agresor que la llevara  a algún centro asistencial y él lo hizo, pero permaneció todo el tiempo a su  lado explicando que ella se había caído de la bicicleta. Luego la llevó a su  hogar y la amenazó para que no lo denunciara, pero ella lo hizo igual.

Después –continúa- M. fue perseguida y amenazada y no pudo insertarse  en el mercado laboral del medio, así que tuvo que dejar los estudios e irse a  otra localidad para lograr tranquilidad


Señala que en la causa penal iniciada con motivo de las lesiones  padecidas el demandante fue procesado y se explaya acerca de la proliferación  legislativa sobre violencia familiar y también las dificultades con que se  enfrenta la víctima de ésta para probar en sede penal los delitos ocurridos en  la intimidad del hogar.

Transcribe el concepto de violencia para las Naciones Unidas, como la  definición de ésta en el Código Penal de España y también hace referencia a la  ley 2000-516 de Francia que castiga la violencia por parte del cónyuge o  concubino que hayan ocasionado incapacidad laboral total superior a ocho días,  inferior o igual a ocho días o no hayan producido incapacidad total con penas  que van de tres a cinco años de prisión y multa de Euros 75.000 en todos los  casos.

A continuación menciona lo daños pretendidos y fundamenta el reclamo de  cada uno de ellos.

A fs. 80 se presenta la Dra. M. M. y en representación H. J. contesta  la demanda.

Niega pormenorizadamente los hechos expuestos en la demanda y da su  versión de los mismos.

Explica que después de iniciada la relación sentimental, H.J. era  permanentemente requerido por su novia que deseaba pasar más tiempo con él y  que, por esa razón, se fue a vivir a su domicilio.

Dice que apenas llevaban dos meses de convivencia cuando la mujer,  aprovechando que tenía problemas con algunos de los empleados de la estación de  servicio donde trabajaba, renunció y comenzó a desempeñarse en la empresa de su  novio. De ese modo empezó a estar más tiempo con él y a ayudarlo en la empresa,  que es lo que ella quería desde un principio.

Menciona que si bien M. G. vino a Santa Rosa a estudiar una carrera  universitaria, su pareja no intervenía en ese proyecto, porque ella no quería  tocar el tema y cada vez que hablaba con su madre terminaban muy enojadas  debido a que la joven no tenía intenciones de seguir estudiando, no cursaba  ninguna carrera (sic) y menos aún le importaba rendir. Lo único que le  interesaba –añade- era estar todo el tiempo posible en la empresa de su  concubino y cobrar la mayor cantidad de comisiones posibles. Él a su vez,  estaba “tratando de llevar adelante la convivencia que día a día y por  actitudes pura y exclusivamente de la actora se tornaba muy difícil.”

Reprocha incorrecciones a la demandante en el trato con los empleados y  en la ejecución de las tareas a su cargo, las que –dice- fueron desgastando la  relación de pareja.

Expresa que la mujer no tenía una remuneración fija pero sí que  “recibía muy buenas comisiones.” Y que además, al convivir con el dueño de la  empresa no le faltaba “absolutamente nada, siendo éste quien afrontaba  absolutamente todos los gastos.”

Mientras tanto –sigue- iba pasando el tiempo y debido a las continuas  exigencias laborales del demandado para con su novia y a la mala relación de  ella con los hijos de él, la relación se fue desgastando día a día. No obstante  ello y con el propósito de continuar juntos J. le dejaba que llevara la  contabilidad del negocio “tratando de que no estuviera tanto en contacto con  los empleados dado el mal carácter y predisposición de la actora”. Y como  prueba acompaña un cuaderno en el que se describían los gastos mensuales de la  pareja.

Menciona que, dado el manejo que M. G. tenía de las chequeras de la  empresa, durante el año 2007 “se” confeccionó varios cheques para ser  entregados a distintos comercios de la ciudad, más específicamente en el rubro  maderera y aberturas pues estaba construyendo un inmueble. Detalla la fecha y  el importe de los cheques librados a tal fin y dice que fueron abonados por H.  J. “circunstancia ésta que también era objeto de discusiones atento a que a  medida que pasaba el tiempo, mayores eran las exigencias de la actora hacia el  demandado, pidiéndole y exigiéndole más valores a los fines de construir su  propio inmueble. Es decir que, la actitud de la actora hace pensar que no sólo  existía una relación amorosa por parte de ambos, sino un interés encubierto por  parte de la misma, con el sólo propósito de obtener un buen rédito por las  tareas desempeñadas, en desmedro del vínculo sentimental.”

Por esa razón –sigue- en la pareja existían continuas peleas,  consistentes en alteraciones verbales, enojos, vociferaciones “amenazantes por  parte de ambos, siempre por motivos justificantes, pero jamás llegaron a  violencia física.”

Continúa relatando las vicisitudes de la relación y manifiesta que con  motivo de éstas en abril de 2008 la mujer tomó la decisión de retirarse  nuevamente del hogar, pero con la condición de seguir trabajando en la empresa  de su pareja ya que no tenía otro medio de vida y él “con el objetivo de no  dejarla totalmente desamparada” aceptó “con la esperanza de que al no estar  conviviendo, las discusiones entre ambos y peleas iban a disiparse.”

Pero –sostiene- lamentablemente no fue así y “la actora con su actitud  caprichosa y obsecuente, quien concurría a la empresa a cualquier hora, el 17  de mayo de 2008, comenzó a gritarle al demandado, a injuriarlo y a vociferar  una serie de insultos para que le entregue una determinada suma de dinero si no  quería verla más.” Entonces, explica, “continuando con las discusiones es que  se tira encima del demandado, quien, para evitar mayores circunstancias trata  de frenarla, pero que, al avanzarse sobre J., se golpea con el puño de éste,  produciéndose un pequeño corte a la altura del párpado superior izquierdo.”

Agrega que su mandante la llevó a que le brindaran atención médica a un  hospital, donde le efectuaron las curaciones y “dada la magnitud del corte,  solamente le aplicaron una suturación química.”

Dice que la mujer “continuando su actitud de hostigar al  demandado” efectuó la denuncia penal, relatando los hechos de acuerdo a su  conveniencia y agravando una situación que no fue de tal magnitud, lo que quedó  demostrado con el informe del médico policial que sostuvo que solo había  sufrido lesiones de carácter leve, que curarían en 10 días.

Refiere que después  de ese hecho  no tuvo más contacto con su ex pareja.

Rechaza uno a uno los rubros reclamados y solicita el rechazo de la  demanda.

A fs. 106 y ss. obra el acta de la audiencia preliminar realizada, en  la que se abrió la causa a prueba y se proveyó la misma. Una vez vencido el  plazo de prueba, se clausuró el periodo probatorio y se pusieron los autos para  alegar y ambas parte hicieron uso de esa facultad.

A fs. 371 pasaron los autos a despacho para el dictado del la  sentencia, y


CONSIDERANDO:

Que en el presente proceso judicial se discute la responsabilidad civil  del demandado por la violencia física y emocional que ejerció sobre su ex  pareja, a quien llegó a causarle lesiones que derivaron en su condena penal. 


En efecto, el 10 de mayo de 2010 H. J. fue condenado a la pena de siete  meses de prisión de ejecución condicional por ser autor material del delito de  lesiones leves en perjuicio de M. G., habiéndose tenido por probado que el día  19 de mayo de 2008 la agredió físicamente “luego de mantener una discusión,  empujándola y propinándole varios golpes en el cuerpo, le tironeó la ropa y la  cartera, rompiendo esta última, como también la remera, causándole lesiones,  que fueron descriptas en los informes médicos antes referidos, las que no  pusieron en peligro su vida, curaron en un lapso menor a 30 días, y la  inhabilitación para efectuar sus tareas habituales fueron menor a un mes  calendario. Que la intencionalidad por parte de J. en la causación de esas  lesiones, surge con toda certeza, de la entidad de la agresión, la que fue  producida dolosamente por el agente. Adviértase por otra parte el carácter  ofensivo de dicho acometimiento, el que fue producido por una persona de sexo  masculino, en perjuicio de otra de sexo femenino y por ende en desigualdad,  respecto del poder ofensivo que puede desplegar uno y otro. (...)”. (ver  sentencia a fs. 277 y ss.)

La condena penal referida hace cosa juzgada en sede civil en cuanto a  la existencia del hecho principal y a la culpa del condenado (art. 1102 del  Cód. Civ.), de modo que estas cuestiones son irrevisables en el presente  proceso.

Pero, la violencia que se acusa como causa de la pretensión  resarcitoria no es únicamente la agresión física que dio lugar a la condena  penal referida, sino que comprende también la situación de maltrato –tanto  físico como emocional- que la precedió durante largo tiempo y que tuvo en  aquella agresión su expresión más grave.

El análisis de la prueba reunida en autos, analizada en su conjunto y  de acuerdo a las reglas de la sana critica, demuestra que a poco de iniciada la  relación de pareja que existió entre las partes, la mujer comenzó a soportar  situaciones de maltrato por parte del hombre, quien para ese entonces ya tenía  -al menos- un procesamiento por lesiones leves y una suspensión de juicio a  prueba por lesiones calificadas por el vínculo contra otra persona,  presumiblemente su cónyuge. Veamos.

Los antecedentes penales de H. J. surgen del informe efectuado por la  señora Secretaria del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 1 en respuesta  al pedido de remisión de la causa Nº 38.01. que, –según se refirió la  funcionaria- no constaba en el registro informático de ese tribunal. Pero, en  cambio, sí había tramitado en ese juzgado el expediente Nº 54/05, caratulado  “J. H. J. s/ lesiones leves” en la cual “el nombrado fue Procesado con fecha  28/03/05 por hallarlo responsable del delito de Lesiones Leves (Art. 89 del  C.P.) y con fecha 02/05/05 dicha causa fue remitida al Juzgado de Instrucción y  Correccional Nº DOS, para su radicación definitiva. Surge también la causa Nº C  40/30, caratulada “J. H. J. s/ Lesiones Leves Agravadas”, con su agregado por  Nº IC 21/03, en el que se le otorgó a J. la suspensión de juicio a prueba y con  fecha 17/04/2006 se declaró extinguida la acción penal y se le decretó el  sobreseimiento en orden al delito de Lesiones Leves Calificadas por el vínculo  (Art. 89 y 92 del C.P.), por aplicación del art. 295 inc. 4ª del C.P.Penal.”  (ver fs. 208).

La relación se inició en 2005 (en julio dijo la actora y a fines de ese  año, sostuvo el demandado) y al tiempo la joven dejó su trabajo y comenzó a  desempeñarse en la empresa de su novio, con quien luego se fue a vivir. Durante  la convivencia se produjo el primer episodio de violencia denunciado.- En  efecto, el 27 de octubre de 2006 la mujer recurrió a la policía y denunció que  su pareja la había golpeado. En esa oportunidad relató que “se encuentra en  concubinato con el señor H. J. J., de 38 años de edad, con domicilio en el mismo  lugar de la demandante y el Local Comercial A S R, sito sobre la calle (...)  Con esta persona está conviviendo a la fecha hace ocho meses, desde que eran  novios, esta personas es violenta, con actitudes que fueron aumentando la  violencia, comenzando desde una simple discusión a gritos y luego a agresiones  físicas en todo el cuerpo. El día de la fecha a la hora 10:30 aproximadamente  en circunstancias en que se encontraba dentro del domicilio, precisamente en el  dormitorio de los hijos que tiene esta persona con otra pareja, comienza una  discusión, que sube de tono y el señor J. una vez más, la toma de los brazos,  la tira entre las dos camas y comienza a golpearla, con golpes de puño en la  cabeza y en los brazos, lesionándola en los brazos en la frente. Luego de esto  esta persona, al darse cuenta de lo que había hecho, le quita el celular y no  la dejaba retirarse de la casa. Se coloca tapando la puerta y al pedido de la  denunciante, debido a la exigencia de la denunciante, la deja retirarse,  llevándose solo un bolso y sus documentos. En otras oportunidades ha sido  agredida por el señor J., pero no denunció por el temor que le tiene, dado que  a otras parejas que ha tenido este señor, también las ha agredido físicamente y  en este momento se encuentra firmando por una condena en suspenso en el  patronato de liberados en el Juzgado. (...)” (ver copia de denuncia de fs. 14 e  informe de la policía a fs. 196).

Días después, el 13 de noviembre, efectuó una nueva denuncia, también  ante la policía. Explicó que  H. J. la  molestaba constantemente pidiéndole que lo perdonara y que “levante la  denuncia”. Explicó que ello se debía a que el 27 de octubre se había separado  del denunciado y radicado una denuncia penal por agresiones físicas y que desde  ese momento “no para de molestar suplicando que lo perdone.” (ver copia de  denuncia a fs. 13 e informe de la policía a fs. 196).

Ambos -agredida y agresor (el último patrocinado por abogado)-,  comparecieron días más tarde, el 5 de diciembre, a la Defensoría Civil Nº 3 a  la que fueron citados para una “audiencia de conocimiento” (ley Nº 1918), según  puede leerse en el acta labrada por ese organismo. A ese acto también asistió,  en representación de la Dirección de Prevención y Asistencia de la Violencia  Familiar, la asistente técnica, psicóloga V. B.. En el acta, que luce a fs.  198, se lee que “La Sra. G.M. expresa 'que no posee hijos con J. H., que con  éste tuvo una discusión en la oficina y luego fueron a su casa y ahí fue donde  la golpeó con los puños, razón por la cual hice mi bolso y me fui de la casa.  Que J. H. no quería que me vaya y me amenazaba para que me quedara'. El Sr. J.  manifiesta 'que siempre ha tenido discusiones con la Sra. G. M., que siempre  quise salvar la pareja, que no le he pegado'. Se les sugiere que acudan a un  profesional psicólogo a fin de abordar un tratamiento. Las partes aceptan la  sugerencia y asistirán a un profesional psicólogo privado. Las partes  acreditarán en el término de treinta días sobre el abordaje y tratamiento  comprometido (...)” También se consignó que “A pedido de la técnica presente se  deja constancia del número telefónico de la Dirección de Prevención y  Asistencia de Violencia Familiar nº 458043 y su ubicación en Avda. Roca y  Olascoaga.” 

Según consta en el informe elaborado por la psicóloga M. E. C. (fs.  240), que atendió a M. G. en seis oportunidades (de septiembre a noviembre de  2008 y en mayo de 2009), ella le mencionó que después de la derivación de la  pareja al servicio de violencia familiar, “el tratamiento no pudo concretarse  debido a la negativa de los profesionales a cargo a continuar con el mismo si  no cesaban los episodios de violencia”.

Seguramente fue por ello que la actora acudió a la Fundación  “Ayudándonos”, donde, según informaron la Presidenta y la Coordinadora de  Asuntos institucionales de esa institución “concurrió al Grupo de Ayuda Mutua  para mujeres que padecen violencia del 03/07/07 al 14/08/07 siendo la  metodología una reunión semanal con una coordinadora con capacitación especial  sobre Violencia Doméstica y de trabajo en grupo de reflexión, educativo y de  contención.” (fs. 224). 

Luego ambos fueron atendidos por las psicólogas L. I. y A. M., quienes  informaron que “Se realizaron, en co-terapia, tres entrevistas de pareja con  fecha: 02-11-07, 28-01-08 y 21-02-08 y al encuentro acordado para el día  19-03-08 no concurren sin avisar. El motivo de consulta fue las violentas  discusiones que la pareja venía sosteniendo desde el inicio de la relación. Al  momento de las entrevistas el Sr. J. se encontraba concurriendo a un grupo de  autoayuda que le fuera sugerido por personal de la seccional donde la Sra. G.  radicó una denuncia por violencia. El Sr. J. manifestó que el grupo lo estaba  ayudando mucho. La señora reconoce que algunos cambios en él había observado  pero no confiaba en que esto perdurara. En el espacio terapéutico se trabajó la  violencia vista como un circuito relacional en el que cuando la escalada de  maltrato comenzaba la pareja no lograba poner un límite racional. Se buscaron y  propusieron distintas alternativas que pudieran ayudar a ambos a acotar la  violencia física y verbal que los ponía en riesgo. Debido a que no concurrieron  a la entrevista acordada no se continúo con el abordaje.” (fs. 299)

Además de las intervenciones institucionales referidas, de las cuales  ha quedado constancia documentada, las agresiones, tanto físicas como  emocionales, fueron confirmadas por la persona que realizaba tareas domésticas  en la casa que compartían las partes y que, por esa razón, pudo presenciar los  hechos que ocurrían en la intimidad del hogar, resultando una testigo  calificada de los mismos.

J. I. C., quien cumplía tareas tres veces por semana en la casa en la  que vivía la pareja (a la 1ª, a la 6ª y a la 1ª repregunta) declaró a fs. 159.  Se le preguntó si sabía el motivo por el cual M. G. había dejado de trabajar en  Petrogas y dijo “si, no sé cómo decirlo pero J. le inculcaba eso.” (a la 4ª).  Refirió también que la convivencia entre los miembros de la pareja era mala (a  la 11ª), que ella no vio que el hombre golpeara a la mujer (a la 13ª), pero sí  observó que ésta estaba golpeada (“sí, eso sí vi. Yo la primera vez que la veo,  estaba en la pieza de los chicos planchando y llegó ella llorando y se saca la  parte de arriba de la remera y veo que ella tiene una marca en la parte de acá,  sería izquierda, a la altura del seno -a la 14ª- (...) me dice no, no me  importa, me tiene cansada este hijo... bueno una mala palabra, siempre me está  pegando, entonces agarró y se fue. Después yo también la vi golpeada cuando se  va de la casa. La veo lastimada acá, en el costado derecho, todo acá y manchada  la cara (se aclara que la testigo señala con su mano el pómulo derecho)”a la  23ª). Respondió afirmativamente cuando se le preguntó si había presenciado  discusiones verbales entre ambos y al ser interrogada acerca de si antes de  mayo de 2008 la mujer se había retirado del hogar y en qué circunstancias,  contestó “si, ella vamos a poner que esa vez que la ví golpeada ella vino, se  cambió la ropa, se juntó toda su ropa y se fue y después, a lo último era como  normal que cuando él le pegaba se fuera ella.” (a la 17ª). También se preguntó  si la pareja recibía tratamiento psicológico y sostuvo “eso M. (,) yo escuché  que un día hablaban y él le dijo que no tenía nada para ir al psicólogo” (a la  18ª). Al ser interrogada respecto de si estaba trabajando en el domicilio de la  pareja la última vez que vio golpeada a la mujer contestó que no y explicó cómo  se enteró del suceso (“yo me entero porque voy a la forrajería y me comenta la  chica que trabaja ahí, la dueña de la forrajería y yo le mando un mensaje a un  teléfono que yo tenía y me llama ella. Me llama M. y me dice que vaya, me da  una dirección en la Gentille donde estaba viviendo”, a la 25ª). Dijo que  concurrió a su domicilio y la vio con la cara lastimada, muy nerviosa y  asustada. Agregó que tuvo que llamarla porque no le abría la puerta, la que  “estaba toda rota la parte de abajo, abollada” (a la 27ª) ya que –según le  explicó la actora- “J. le había pegado patadas para abrirle la puerta” (a la  28ª).

Como se aprecia, la testigo fue precisa en sus dichos y describió con  simpleza cómo el demandado pretendía ejercer control sobre su pareja (cuando se  le preguntó por las razones del maltrato, refirió: “y qué se yo, que él era  muy, no sé si decirlo, posesivo, no quería que M. tuviera amigas ni saliera  sola, ni al gimnasio la dejaba ir ....”, a la 22ª).

El pretendido control sobre la mujer por parte de su novio también fue  mencionado como desencadenante de los episodios de violencia de él por la  testigo M. E. E. (fs. 166), quien declaró que, según lo que le contaba M., “las  discusiones comenzaban porque tenía una pollera corta o larga, que se yo ...  según M. buscaba él las discusiones, si miraba a alguien o no miraba, hasta que  iba el bollo.” (a la 2ª repregunta).

La testigo citada es prima de la madre de M. G. y estuvo al lado de  ella después de la agresión que sufrió en 2008 (“íbamos nosotros a acompañarla  porque tenía miedo de estar sola” -a la 22ª- “por lo agresivo de este chico,  que se iba, le golpeaba la puerta o quería golpearla a ella” -a la 23ª-). Se le  preguntó si durante la relación de M. y H. observó cambios en el comportamiento  de la primera y declaró que “sí, aterrorizada” (a la 24).

A solicitud del H. J., declaró su ex pareja y actora de estos autos, M.  G. (fs. 174 y ss.), quien explicó que “al comienzo era una relación normal como  toda pareja pero con el tiempo se tornó insostenible. Era una persona muy  celosa e insegura.” (a la 14ª). Y añadió que la relación “se desgastó por sus  celos, por su inseguridad, porque es una persona violenta, porque me  cuestionaba todos los horarios cuando estudiaba, la ropa que me ponía, por cómo  me peinaba por mis amistades. Me controlaba el teléfono, me celaba con sus  empleados, si tenía una remera escotada y él entraba en la oficina, venía y me  tironeaba de los breteles porque me decía que yo era mucha persona para él y me  responsabilizaba de todas sus inseguridades a mí.” (a la 20ª).

Acerca del episodio ocurrido en mayo de 2008 declaró “ese día  cuando me quiero retirar de la oficina para dirigirme a mi casa, el Sr. J. no  me deja salir, me pega un golpe en la cara donde me abre el párpado, la ceja,  me agarró la cartera, rompió la cartera, me rompió la ropa, a raíz del golpe la  ropa y la oficina y las planillas quedó todo lleno de sangre porque sangraba  mucho.” (a la 43ª) (…) cuando él vio que yo sangraba tanto y no me sentía bien,  en un primer momento me llevó a la sala de primeros auxilios del Atuel pero  quería hacerme cambiar la ropa, que no fuera con manchas de sangre y como ahí  no había enfermeras, lo dirigieron al Hospital del plan 5000. En todo momento  mientras me llevaba en la camioneta, vociferaba que todo esto era culpa mía que  él me golpeara. Que yo me buscaba que él me golpeara.” (a la 45ª) (…) después  de ese incidente me dejó en mi casa y lo único que decía era que sabía que yo  le tenía miedo, que me iba a dejar descansar en mi casa.” (a la 47ª).

Las agresiones denunciadas fueron negadas por el demandado, pero a la  vez veladamente justificadas sobre la base de un estereotipo de género (“el  Tribunal considera que el estereotipo de género se refiere a una pre-concepción  de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser  ejecutados por hombres y mujeres respectivamente.” CIDH, González y otras vs.  México –“Campo Algodonero”).

En efecto, la estrategia defensiva del acusado consistió en presentar a  su ex pareja como una mujer requirente, interesada (“Lo único que le interesaba  a la actora de autos, con el transcurrir de los días, era estar la mayor parte  del tiempo posible en la empresa de su mandante y cobrar la mayor cantidad de  comisiones posibles ...”), aprovechadora (“...dado el manejo que tenía con las  chequeras de la empresa, durante el año 2.007 se confeccionó varios cheques a  los fines de ser entregados en distintos comercios de la ciudad ...” “ ...a  medida que pasaba el tiempo, mayores eran las exigencias de la actora hacia el  demandado, pidiéndole y exigiéndole más valores a los fines de construir su  propio inmueble...”), de mal carácter (“... le dejaba a ella que llevara la  contabilidad del negocio, tratando de que no estuviera tanto en contacto con  los empleados dado el mal carácter y mala predisposición de la actora”,  “destacándose su mal carácter aún en presencia de los empleados de su mandante  ... ”) y temperamental (“ ... dado el carácter temperamental de la actora  estuvo solamente viviendo un corto período de 2 o 3 meses, debiéndose retirar  por problemas con los vecinos. Por su accionar le efectuaron una denuncia ante  la Seccional Segunda...”), como si esas características personales  constituyeran una causa de justificación de la violencia empleada. De otro modo  no se entiende qué importancia podrían tener a los efectos de resistir la  pretensión las apuntadas condiciones de la víctima, ni el énfasis puesto por  los allegados del demandado para resaltarlas mostrandola como de carácter  fuerte, agresiva, dominante, ávida del dinero de su pareja –que no le hacía  faltar nada- para salir de compras.

Al respecto son ilustrativos los testimonios de C. J. (fs. 273) y de R.  A. (fs. 315).-El primero, –dependiente de la empresa de J.- explicó que G. y  respondió “Era un carácter fuerte, conmigo era un carácter bastante fuerte.” (a  la 31ª) (…) “fuerte en la forma de hablar, el carácter de ella cuando se  dirigía a decirte algo o preguntarte algo no era muy educada. Tuve roces del  día, cuando me pedía algo si no lo hacía bien, yo contestaba y ahí teníamos  entredichos.” (a la 33ª).-- El restante, que es amigo de J. y fue empleado de  su empresa, dijo que la actora “se metía nomás pero no era empleada ni nada” (a  la 9ª) y agregó que insultaba a todo el mundo “a J. y a los empleados” (a la  11ª). Explicó que cuando él estuvo de empleado lo único que hacía la accionante  “era bajarse de la camioneta, de hacer compras para pedir más plata para seguir  haciendo más compras.” (a la 16ª). Se le preguntó si M. solía discutir con su  novio delante de los empleados y respondió “no, jamás, siempre gritaba ella  nomás (a la 21ª) (...) siempre fue la que mandaba y gritaba M., J. no, por lo  menos delante mío jamás pasó eso.” (a la 22ª). Explicó que H. siempre les  contaba todo lo que pasaba ahí y que por eso sabía que su novia no cobraba  comisiones. Añadió que “(...) nos contaba todo, todo, nos contaba que otra vez  le tenía que dar plata, que se tenía que comprar botas” (a la 5ª repregunta).  Entonces se preguntó si también le había contado que había sido procesado en  tres oportunidades por violencia ejercida contra sus parejas y contestó: “si,  me constaba y me contaba eso y siempre tuvimos trato, de que él a ella le tenía  miedo, nunca le dijo ni le gritó, nada, porque M. es una mujer de mucho  carácter, inclusive a nosotros como empleados nunca nos respetó, siempre estuvo  gritando. Inclusive yo y la mayoría de los chicos muchas veces le decíamos, por  qué nos manda?” (a la 6ª repregunta). También dijo saber que la primera esposa  de J. sufrió hechos de violencia por parte de éste. (a la 7ª).----  El razonamiento que subyace en el testimonio  que antecede y en la defensa del demandado, se asienta en estereotipos de  genero que indican que las mujeres deben ser débiles, tiernas, sumisas,  sensibles, maternales, temerosas, etc. en tanto los hombres han de ser fuertes,  recios, dominantes, racionales, emprendedores, etc. y que justifican la  subordinación de las mujeres a los varones.

  Así lo entendió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo  más arriba citado (“Campo algodonero”) al decir que “es posible asociar la  subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género  socialmente dominantes y socialmente persistentes (...) La creación y uso de  estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia  de género en contra de la mujer.” (párr. 401).

En la misma línea, la Ley de Protección Integral a las mujeres (26.485)  alude a la “remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la  desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres;” como uno de  sus objetivos (art. 2º, inc. e).

Constructos sociales tales, justifican la violencia contra la  mujer, como hace H. J. quien incluso espera que la Justicia entienda sus  razones y lo absuelva. Tal es lo que le decía a su novia y de lo que da cuenta  la terapeuta que la atendió en el informe de fs.236 y ss. en el que puede  leerse que después del último episodio grave de violencia, él la llamó y le  dijo “que con la justicia no iba a pasar nada, que el arreglaba todo con plata  y que además el juez iba a comprender por qué la golpeaba….” Hasta aquí los  hechos y sus pruebas, que –como anticipé más arriba- analizados en su conjunto  no dejan dudas de que el maltrato físico y psíquico denunciado por M.G.  existió, que fue causado con dolo por su novio y que ocasionó graves daños a la  víctima. Sobre las consecuencias de la violencia soportada, es ilustrativo el  informe elaborado por la psicóloga M. E. C. (fs. 240), con las conclusiones  –volcadas en un anexo- de las pruebas psicodiagnósticas efectuadas a M. G.,  quien concurrió a su consultorio en seis oportunidades (de septiembre a noviembre  de 2008 y en mayo de 2009). La profesional informó que la paciente “Presentaba  una franca crisis homologable a un cuadro de stress a predominio depresivo:  alteraciones del ritmo del sueño y de la alimentación, notoria inquietud  nerviosa, hiper sensibilidad emotiva, imposibilidad de guardar distancia frente  a los hechos acontecidos y que da cuenta el informe adjunto, humor depresivo  relevante, agorafobia y franca irrupción de síntomas neurovegetativos” y  manifestó también que dejó de concurrir por haberse radicado en la localidad de  25 de mayo.

También al respecto se expidió el médico psiquiatra forense, quien  sostuvo que “En función de la entrevista mantenida, se desprende que los hechos  relatados constituyeron un hecho psicotraumático, dicho cuadro se trata de un  entidad autónoma relacionado con la situación de conflictividad con su ex  pareja (...) presenta marcados síntomas de ansiedad, puntualmente la  sintomatología es compatible con lo que se denomina trastorno de stress  postraumático. (...) el cuadro presentado por la Sra. G. tiene un nexo causal  con la situación de violencia familiar sufrida.” (fs. 331/338).

Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el  ámbito público como en el privado, declara el art. 3º de la Convención Interamericana  para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención  de Belén do Pará”), firmada por la Estado argentino el 10 de junio de 1994,  ratificada el 5 de julio de 1996 y los Estados parte tienen el deber –entre  otros- de “establecer mecanismos judiciales y administrativos necesarios para  asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a  resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y  eficaces.” (art. 7, inc. g.).

Teniendo en cuenta el compromiso asumido por el Estado Argentino, que  es plenamente operativo ya que la legislación interna prevé los mecanismos y  las normas necesarias para asegurar la reparación integral de los daños que  sufra cualquier mujer víctima de violencia, probada ésta debe condenarse al  agresor a resarcir, recurriendo a las normas específicas del Código Civil  (arts. 1067, 1068, 1072, 1076, 1077, 1078 y 1086), sin que quepa, en el caso  concreto, aplicar la ley 26.485, porque su sanción es posterior a los hechos del  presente proceso.

El art. 1086 del Cód. Civ. dispone que si el delito fuere por  heridas u ofensas físicas, la indemnización consistirá en el pago de todos los  gastos de curación y convalecencia del ofendido, y de todas las ganancias que  éste dejó de hacer hasta el día de su completo restablecimiento.

Como se puede observar en las fotos agregadas con la demanda, la  agresión física sufrida por M. G. le dejó indisimulables marcas en la cara  además de la cicatriz de la sutura que debió practicársele y que fue constatada  por el perito actuante en autos (fs. 308 y ss.).

Con el rostro marcado por los golpes recibidos y soportando las  consecuencias del hecho psicotraumático (que el perito psiquiatra describió y  estimó que se presentaron en forma inmediata a la agresión -fs. 335-), es  razonable que hayan pasado varios meses hasta que la mujer se haya encontrado  en condiciones, no sólo de volver a trabajar, sino además de salir a buscar un  empleo, ya que, como era dependiente de su pareja, al romper con ésta perdió el  trabajo que desempeñaba en la empresa de su propiedad.

Por consiguiente, resulta procedente la indemnización de $10.000  reclamada por la privación de ingresos derivada de las lesiones. También se  solicita el resarcimiento, como pérdida de chance, de la frustración del  proyecto de vida de M. G., tanto familiar como profesional, a causa de la  violencia soportada.

Como consecuencia de ésta la mujer abandonó –o al menos suspendió- sus  estudios universitarios (de acuerdo al informe obrante a fs. 218, no rindió  materias desde el 30 de junio de 2006) y dejó su residencia en esta ciudad para  irse a trabajar a otra localidad de la provincia.

La psicóloga que la atendió, M. E. C., informó que “La paciente relata  que se encontraba muy asustada, tenía la puerta con rejas y candado, solo  dentro del domicilio se sentía segura. Este temor por su integridad física  influyó en su búsqueda laboral; se contactó con su ex empleador con el fin de  solicitarle trabajo fuera de la ciudad. Llegando a un acuerdo como encargada de  una estación de servicio en la localidad de 25 de Mayo.”

A continuación transcribió parte de la entrevista en la que la actora  expresaba lo siguiente: '...yo me fui transformando en una persona sumisa, y a  través del tiempo como que me olvidaba lo que me estaba pasando. Antes tenía  mis metas claras. Hasta me compré un terreno para en un futuro edificar mi  casa… siento que no hay lugar para mí en Santa Rosa, se terminó. Ahora me tengo  que ir, perder mis amistades ... no sé si voy a volver algún día ... Me voy a  vegetar a 25 de Mayo, ... acá es como que tengo un cartel en la frente y tengo  que explicar a todos por qué me separé ... lamento tener que interrumpir mis  estudios universitarios y alejarme de mis amistades ...”

El psiquiatra forense explicó que “El cuadro presentado le implica, aún  en la actualidad, marcada alteración en la vida de relación, es decir se  encuentra con un notable aislamiento social, tendencia a la introversión,  utilizando como mecanismo de defensa la evitación, tanto desde lo social como  en su vida íntima. Es notorio que la evaluada ha volcado su mundo de intereses  casi exclusivamente al aspecto laboral.”

Como se aprecia, la violencia padecida segó el proyecto vital de la  víctima, haciéndole perder interés en el mismo (“En la actualidad impresiona  sin demasiado proyecto vital, mostrando una importante baja autoestima”,  dictaminó el psiquiatra) y llevándola al aislamiento social (“... presenta al  momento actual importantes limitaciones en las esferas de relación, tanto en lo  social, como en lo personal. En cuanto a lo laboral la repercusión es más leve  dado que impresiona que ha restringido su mundo de intereses solo a lo  laboral.”)

La frustración de posibilidades concretas que hacen al proyecto de vida  (culminar su carrera universitaria, vivir y trabajar en esta ciudad capital a  la que se mudó desde su lugar natal y en donde pensaba edificar su vivienda)  constituye un daño cierto que debe ser indemnizado como “perdida de chance” y  por el monto solicitado, que se aprecia como una razonable compensación del  perjuicio sufrido.

La pérdida de las expectativas referidas, es una consecuencia del  trastorno de stress postraumático, diagnosticado por el psiquiatra forense,  quien refirió que “Su estado de ánimo se encuentra desplazado hacia el polo del  displacer, refiriendo tendencia a la irritabilidad como así también hacia la  labilidad emocional. En la actualidad impresiona sin demasiado proyecto vital,  mostrando una importante baja autoestima. Al momento de la evaluación muestra  importantes niveles de angustia durante todo el transcurso de la primer  entrevista. Su voluntad se encuentra globalmente conservada, mostrando en forma  marcada la presencia de conductas evitativas relacionadas con su ex pareja.”  (fs. 336).

El cuadro descripto que el experto atribuyó “a la situación de  violencia familiar vivida” (fs. 336) y que, también según éste, le ocasionaría  una incapacidad de entre el 30 y el 50% (fs. 335), constituye una grave  afectación de los intereses extrapatrimoniales de la víctima que ha de ser  indemnizado como daño moral en los términos del art. 1078 del Cód. Civ. y por  el monto demando atento a la magnitud del perjuicio.

En síntesis, la demanda prospera por el monto pretendido, con más  intereses, a la tasa MIX, a calcular desde el 17 de mayo de 2006. - - Por  último y en aras de evitar la repetición de todo acto de perturbación o  intimidación, agresión y maltrato del agresor hacia la mujer (art. 26, inc. a 7  ley 26.485) estimo conveniente adoptar medidas para su protección . 

Por todo ello y de acuerdo a las razones expuestas, de índole fáctico y  jurídico, 

 

RESUELVO:

Hacer lugar a la demanda interpuesta por M.F.G. contra H.J.J.,  condenándolo a pagarle, en el plazo de veinte días, la suma de $ 71.800, con  intereses. 

II. Imponer las costas al vencido (art. 62 del CPCC) y regular los  honorarios de las Dra. A. M. M. y M. E. M., en un 20% y un 15 %,  respectivamente, del monto de condena y los del perito médico en la suma de $  1.000.

Prohibir el acercamiento de H. J. al lugar de residencia, trabajo,  estudio, esparcimiento o a los lugares de habitual concurrencia de M. G. y así  como tomar cualquier tipo de contacto con ella, ya sea personal, telefónico  (llamadas, mensajes de texto) o por correo, postal o electrónico (art. cit.  inc. a 1).

IV. Hacer saber que la presente sentencia no puede difundirse  públicamente sin la previa conformidad de M. G. (art. 7° inc. f de la Ley  26.485).

REGíSTRESE y NOTIFíQUESE

Dra. Fabiana  Berardi. Jueza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la ciudad de Santa Rosa, capital de la Provincia de La Pampa, a  los  31   días del mes de mayo de dos mil cinco, se reúne la Sala A del Superior  Tribunal de Justicia integrado por su Presidente, Dr. Eduardo D. FERNANDEZ  MENDIA, y por su Vocal, Dr. Eduardo S. M. COBO, a efectos de dictar sentencia  en los presentes autos caratulados: “    A, F L y otros contra  G., D. J. y otros sobre DAÑOS Y PERJUICIOS”, expediente nº 693/04, registro  del Superior Tribunal de Justicia, Sala A, del que

 

 RESULTA:

 

Que a fs. 950/961, los doctores J. M. A. y A. A. A., apoderados de la  demandada, interponen recurso extraordinario provincial por las causales  contempladas en el artículo 1º, incisos 1º) y 2º), de la Ley nº 476, contra la  sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de  Minería de la Primera Circunscripción Judicial que a fs. 930/933, resolvió  confirmar la sentencia de grado en lo que respecta a la responsabilidad de los  padres de D G.-

 

Relatan los antecedentes de la causa diciendo que los actores  accionaron por daños y perjuicios contra DG, menor de edad al momento del  hecho, y contra los padres –I. G. y M. T.- a raíz de las supuestas lesiones  graves infringidas contra F. A., demanda que fue acogida en primera instancia  condenándolos solidariamente a abonarle a la misma la suma de $51.610 y la de $  3.000 a sus padres.-

 

 Apelada la sentencia, la Cámara  confirmó el fallo recurrido en lo que respecta a la extensión de  responsabilidad de los padres en los términos del artículo 1114 del C.C.,  sosteniendo que la exoneración de responsabilidad del artículo 1116 y la  argumentación de su parte respecto a la buena educación del menor y sus  condiciones familiares, resultan insuficientes para eximirlos “...ya que en la  práctica la responsabilidad de los padres se considera objetiva, pudiendo estos  eximirse demostrando culpa de la víctima o de otra situación que provoque la  ruptura del nexo de causalidad.” (fs. 951/952).-

 

Denuncian que, en esos términos, el fallo de Cámara viola el artículo  1116 del Código Civil al negar a los padres la posibilidad de demostrar la  “vigilancia activa” que se exige como causal de eximisión, en virtud de un  criterio de ponderación estricto que convierte a la norma en letra muerta. Ello  es así pues interpreta que la responsabilidad de los padres prevista en el  artículo 1114 del C.C. en la práctica es “objetiva”, pudiendo eximirse sólo a  través de la culpa de la víctima u otra situación que provoque la ruptura del  nexo causal.-

 

Argumentan que, contrariamente a lo expresado por el Tribunal de  Alzada, la responsabilidad del los padres es de tipo subjetivo basada en una  presunción “iuris tantum” de culpa in vigilando, que puede desacreditarse con  prueba en contrario que demuestre la “vigilancia activa” de los progenitores,  tal como se demostró en el expediente.-

 

Destacan que, en lugar de extremar la fundamentación a efectos de  descartar los extremos que destruían la presunción, el fallo menciona la  existencia de una “grave falencia” en la educación del menor, “...sin  puntualizar en qué consiste la misma...”( fs. 959).-

 

Agregan que, dadas las condiciones de modo, tiempo y lugar en que se  desarrollaron los hechos (D. y su novia, F. A., regresaban de un local  nocturno) se verificó un factor de imprevisibilidad e inevitabilidad de los  padres demandados que determina la eximisión de su responsabilidad.-

 

En los términos del artículo 1º, inciso 2º), de la Ley nº 476,  denuncian la falta de fundamentación suficiente del fallo para negar la  eximente de responsabilidad, no obstante el pedido de subsanación de su parte a  efectos de que se justifique la afirmación del pronunciamiento relativa a  “grave falencia” en educación en la que incurriera el matrimonio demandado.-

 

Plantean el caso federal ante la “....existencia sorpresiva de agravios  federales directos, actuales e inmediatos...” y mantienen la cuestión federal  por violación de los derechos y garantías consagrados por los artículos 16, 17,  18, 28, 31, 33 y 75, inc. 22 de la C.N.-

 

Peticionan se haga lugar al recurso dictando una nueva sentencia.-

 

Admitido el recurso por ambas causales (fs. 963/963vto.), el Superior  Tribunal lo declaró “prima facie” bien concedido con el mismo alcance (fs.  969/696vto.).-

 

A fs. 973 emitió dictamen el señor Procurador General.-

 

A fs. 977/982vto., las doctoras S. E. G. y A. B. G. L., en  representación de la parte actora, presentan su memoria solicitando el rechazo  del recurso extraordinario intentado.-

 

Sostienen que el Tribunal ad-quem ha fundado la extensión de la condena  civil resarcitoria a cargo de los progenitores en las prescripciones del  artículo 1114 del C.C. pues no verifican en el expediente ninguna de las  eximentes que autoriza el artículo 1116 C.C., con lo cual, siguiendo el  dictamen del señor Procurador General respecto a la educación del menor y sus falencias  a las que el fallo hace referencia, consideran que la resolución no aparece  irrazonable o carente de sustento. Agregan que habiéndose centrado el recurso  en cuestiones de hecho y prueba y habiendo omitido denunciar el desvío palmario  y notorio de las leyes de la lógica, el mismo no ha logrado demostrar la  existencia de absurdo.-

 

Formulan un análisis de la prueba de autos para concluir que “...la  conducta agresiva del menor ha sido ‘aprehendida’ en el seno familiar, razón  por la que resulta un obrar ‘culposo’ del progenitor, lo cual le veda invocar  la eximente de responsabilidad por cuanto el ejemplo no ha sido –evidentemente-  el más adecuado.”(fs. 981), quedando demostrada la grave falencia en la  educación y en la capacidad de los padres de incardinar a su hijo el elemental  respeto por la vida ajena, en síntesis, en el ejercicio adecuado de la patria  potestad.-

 

Solicitan se rechace el recurso extraordinario deducido por los padres  demandados y se confirme la sentencia recurrida en todas sus partes. Formulan  reserva del caso federal en los términos del art. 14 de la Ley nº 48.-

 

A fs. 983/988, los recurrentes presentan su memoria reiterando las  imputaciones formuladas a la sentencia de Cámara.-

 

 A fs. 989 se llama autos a  sentencia, y

 

CONSIDERANDO:

  Dados los agravios formulados por la parte demandada en esta instancia  extraordinaria, para dar solución al recurso el Tribunal se formula las  siguientes cuestiones: PRIMERA CUESTION: ¿Es fundado el recurso extraordinario  articulado con arreglo al artículo 1º, inciso 1º) de la Ley nº 476? En su caso,  ¿qué solución corresponde adoptar? SEGUNDA CUESTION: ¿Es fundado el recurso  interpuesto en los términos de la causal contemplada por el artículo 1º, inciso  2º), de la Ley nº 476? En su caso, ¿qué solución corresponde adoptar?.-

 

PRIMERA CUESTION: 1.- Previo a ingresar al estudio de la causal  recursiva conforme al agravio planteado, es oportuno recordar que este Tribunal  se ha expedido en otras oportunidadades acerca del marco de abocamiento que  involucra el recurso extraordinario en el orden provincial.-

 

Con ese propósito, y entre otros pronunciamientos, al resolver la causa  “F. de E., M. A. c/ C. DE E. DE C. s/ laboral”, expte. 153/95, registro del  Superior Tribunal de Justicia, Sala A, se sostuvo que: “Recuérdase que cuando  el Superior Tribunal de Justicia de esta provincia interviene frente a alguno  de los arbitrios extraordinarios de impugnación, lo hace con una competencia  que se mueve concreta y primordialmente en el plano del derecho y no de los hechos  y que su potestad revisora está circunscripta al contenido del fallo impugnado  (quedando, en consecuencia, fuera de su ámbito los pronunciamientos anteriores)  y al recurso extraordinario que contra él se deduzca. Que su función no es la  de una tercera instancia normal, con facultad para desentrañar el coeficiente  de justicia atribuible a las anteriores y en la que en plenitud de juicio hayan  de reverse todos los supuestos de hecho y de derecho sometidos en cada caso a  las instancias ordinarias, sino la de una instancia extraordinaria propia,  excepcional y de aplicación restrictiva, reservada para debatir la aplicación  del derecho.”- “Que a diferencia del uso ordinario y general de los medios de  impugnación destinados a obtener la modificación, anulación o revocación de un  pronunciamiento judicial, en estos conductos excepcionales no basta la  existencia de agravios (que desde luego deben existir, pues sin el interés en  la corrección no se sustenta ninguna impugnación); tienen que concurrir otras  circunstancias y la satisfacción de cargas más complejas, que la Ley establece  en forma taxativa y rigurosa, cuyo cumplimiento no es disponible para los  recurrentes ni dispensable por este Superior Tribunal de Justicia.”-  “Concordantemente con lo expuesto se exige al litigante que exprese en cada  caso y en términos claros y concretos, la mención de la Ley que se reputa  violada o aplicada erróneamente por la sentencia, o el defecto de que adolezca  la misma, o la norma constitucional que se pretenda que ha sido violada,  indicando –además- en cada caso, en qué consiste la violación o error (conf.  art. 4º Ley 476); sin que tales requisitos – presupuestos condicionantes de su  viabilidad- puedan suplirse por inferencias.”.-

 

“Es que el recurso debe estar suficientemente fundado de manera que se  baste a sí mismo y ello será así cuando el escrito por el que se deduzca  contenga todos los agravios delimitados por la naturaleza de la impugnación,  explicándose con rigor, cómo, por qué y en cuál sentido existe disconformidad con  la sentencia definitiva; en dónde y por qué motivos en ella existe error o  violación en la aplicación del derecho. Si esto no ocurre el recurso caerá en  insuficiencia, sin que ésta pueda salvarse en ulterior memoria.”

 

  “Este Superior Tribunal de Justicia ha dicho reiteradamente que cuando  se invoca como motivo de impugnación la errónea aplicación o violación de la  Ley (inc. 1º art. 1º de la Ley 476) los hechos permanecen fijos e inamovibles y  que sólo a partir de los mismos cabe explicar cómo, de qué manera y en cuál  sentido se han transgredido las normas legales que se dicen vulneradas. (Conf.  prot. Interlocutorios 1990:3, entre otros).”.-

 

“Ello es así porque las cuestiones de hecho son privativas de la  instancia ordinaria y por tanto irrevisables en esta instancia, excepto absurdo  en la apreciación de la prueba o violación de las Leyes que la rigen. Dicho de  otro modo, la casación se mueve en un plano jurídico y no fáctico, por lo que  el criterio personal distinto al que informa el fallo, o las disconformidades  conceptuales, subjetivas o genéricas, que, como tales –y por más respetables  que sean - no son bastantes para dejar sin respaldo los fundamentos del  pronunciamiento judicial impugnado, resultan inoperantes para abrir la  competencia extraordinaria.”.-

 



  2.- Dicho ello, analizado el marco de abocamiento que corresponde al recurso  extraordinario en el ordenamiento ritual provincial, corresponde tratar, en  concreto, el intentado por los codemandados I. G. y M. T., quienes, para fundar  la causal recursiva que contempla el artículo 1º, inciso 1º), de la Ley 476,  denuncian la errónea aplicación del artículo 1114 del C.C. y la violación del  artículo 1116 del mismo ordenamiento. Ello así pues, la sentencia del Tribunal  de Alzada rechazó la eximisión de responsabilidad de los recurrentes,  progenitores del entonces menor D. G., sosteniendo que en la práctica la  responsabilidad de los padres se considera objetiva, pudiendo eximirse de ella  demostrando culpa de la víctima u otra situación que provoque la ruptura del  nexo causal.-

 

Mas precisamente, luego de analizar la mecánica del hecho y en la parte  que motiva este recurso, la Cámara dijo: “El criterio estricto de ponderación  de la eximente del art. 1116, lleva en la práctica, a considerar la  responsabilidad de los padres, con un criterio de responsabilidad objetiva,  puesto que la prueba de ella no se contenta sólo con la genérica referencia de  haber brindado suficiente educación al hijo, puesto que si el daño se cometió  es porque la educación falló, de modo que en los hechos los padres se eximirían  de responsabilidad a través de la culpa de la víctima o de otra situación que  provoque la ruptura del nexo de causalidad.”.-

 

  3.- El artículo 1114 del Código Civil prescribe: “El padre y la madre son  solidariamente responsables de los daños causados por sus hijos menores que  habiten con ellos, sin perjuicio de la responsabilidad de los hijos si fueran  mayores de diez años. En el caso de que los padres no convivan, será  responsable el que ejerza la tenencia del menor, salvo que al producirse el  evento dañoso el hijo estuviere al cuidado del otro progenitor.” Por su parte,  el artículo 1116 dice: “Los padres no serán responsables de los daños causados  por los hechos de sus hijos, si probaren que les ha sido imposible impedirlos.  Esta imposibilidad no resultará de la mera circunstancia de haber sucedido el  hecho fuera de su presencia, si apareciese que ellos no habían tenido una  vigilancia activa sobre sus hijos.”.-

 

Con ello, se atribuye a los padres responsabilidad refleja por los  daños que ocasionen sus hijos menores, cargando sobre ellos una presunción de  culpabilidad por la falta de vigilancia y cuidado de sus hijos en virtud de los  deberes que les impone la patria potestad.-

 

Si, no obstante las obligaciones que pesan sobre los padres, el hijo  menor comete un hecho perjudicial, la ley presume que los padres omitieron  cumplir con eficacia los deberes de cuidado, vigilancia y buena educación que  les han sido impuestos en consideración a la patria potestad que ejercen. Por  tal tazón se invierte la carga de la prueba, permitiéndoles desvirtuar la  presunción demostrando su falta de culpa.-

 

3.1.- Los autores han pretendido encontrar fundamento a dicha  presunción en la falta de vigilancia de los padres de la conducta de sus hijos  (Salvat, Colombo, Borda, Bustamante Alsina, entre otros), en los deberes de  buena educación y vigilancia (Llambías, Orgaz, entre otros), en la patria  potestad en sí misma, que impone obligaciones a los padres no sólo respecto a  sus hijos sino también frente a terceros (Cazeaux- Trigo Represas), y aún en  una especie de “garantía” a favor de las víctimas (Compagnucci de Caso,  “Responsabilidad por el hecho ajeno”, pág. 33 y ss.).-

 

No podemos dejar de mencionar que, frente a las tesis subjetivas de la  responsabilidad de los padres, se alzan quienes pretenden encontrarle un  fundamento objetivo en virtud del riesgo creado (Bueres y Mayo, La  responsabilidad de los padres por los hechos dañosos de sus hijos (algunos  aspectos esenciales), en Revista de Derecho Privado y Comunitario nº 12 –  Derecho de Familia Patrimonial, pág. 285 y siguientes) y aún en la necesidad de  encontrar un responsable solvente frente a la víctima del daño (Mosset  Iturraspe, Jorge, “Responsabilidad por daños”, T.III, pág. 307; S.T.Jujuy, Sala  1, 1/03/84, voto del Dr. Wayar, E.D. 108-670).-

 

Sin embargo, son quienes sostienen un fundamento objetivo a la  obligación de los padres de responder por los actos dañosos de sus hijos en  virtud del riesgo creado, quienes proponen sus conclusiones “...en vista de una  futura reforma legislativa” (Bueres-Mayo. ob.cit, pág. 301), a sabiendas,  entonces, de que hoy por hoy, en el derecho argentino, el deber de responder de  los padres es de fundamentación subjetiva. Y ello es así pues, “....la responsabilidad  de los padres se funda en la “culpa” en que éstos pudieran incurrir, por haber  violado los deberes legales impuestos con respecto a sus hijos menores que se  hallan sujetos a su patria potestad” (Natalia Boroffio – Carlos García Santas,  “Responsabilidad de los padres por los daños producidos por sus hijos”, en  Graciela Medina, “Daños en el derecho de familia”, pág. 205 y 215).-

 

  3.2.- Por su parte, este Tribunal también se ha expedido sobre el carácter  subjetivo de la responsabilidad estatuida en el artículo 1114 del Código Civil  con fundamento en la patria potestad en sí misma que obliga a los padres, a  través de los deberes de educación adecuada y vigilancia diligente, a impedir  que el hijo cause perjuicios frente a él mismo y a terceros (S.T.J., Sala A,  10/12/2003, “G. de G., M. E. c/ M., G. F. y otros sobre Daños y Perjuicios”,  expte. nº 549/02).-

 

En el mismo sentido se ha pronunciado la Suprema Corte de la Provincia  de Buenos Aires al fallar que “El fundamento de la responsabilidad de los  padres por los daños que cometan sus hijos menores (art. 1114 C.C.) es  subjetivo, erigiéndose la “culpa” en el factor de atribución de dicha  responsabilidad.” (S.C.B.A. 05/12/01, “E. de R., A. N. y otros c/ D. R., A. B.  y otros”, LLBA 2002, pág. 643).-

 

  3.3.- Resultando, entonces, que la responsabilidad de los padres reposa en la  presunción legal de culpa, siendo la misma “iuris tantum”, los padres podrán  desvirtuarla acreditando su ausencia de culpa conforme las causales de  eximisión que contempla el artículo 1116 del C.C.-

 

Es por ello que para liberarse de responsabilidad, los padres deben  probar que han mantenido una “vigilancia activa” sobre sus hijos. Y respecto a  ello, si bien la doctrina ha generalizado la definición del concepto en la  educación y cuidados impartida a los hijos, la corrección de sus malas  inclinaciones, el ofrecimiento de una vida de hogar sin malos ejemplos, el  inculcar el respeto al derecho ajeno, la formación de buenos hábitos, etc.  (cfme. Trigo Represas-López Mesa, Tratado de la Responsabilidad Civil, T. III,  pag. 184, citando, entre otros, a Llerena en “Concordancias y comentarios del  Código Civil Argentino”) compartimos lo expresado por el Máximo Tribunal  bonaerense en el fallo apuntado en cuanto a que no pueden establecerse al efecto  fórmulas rígidas, correspondiendo analizar las circunstancias que concurren en  cada caso concreto.-

 

  3.4.- Ahora bien, la doctrina es uniforme al sostener que el criterio de  interpretación de las causales de eximisión que se consagran en el artículo 1116,  debe ser restrictivo, no bastando con acreditar que se dio una buena educación  sino que en ese caso se hizo lo posible por evitar la concreción del daño, y  ello es así pues la sola comisión del hecho ilícito hace presumir que la  vigilancia no fue suficiente, con lo cual pesa sobre el progenitor que pretende  liberarse, la carga de probar que ha sido diligente en su vigilancia y  educación (cfme. Kemelmajer de Carlucci, Aída, en Belluscio - Zannoni, “Código  Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado”, Ed. Astrea  1984, T. 5, pág. 621; Bueres. Higthon, “Código Civil...”, Ed. Hammurabi 1999,  T. 3-A, pág. 678).-

 

  4.- No se incardina en la responsabilidad objetiva la de los padres por los  hechos dañosos de sus hijos menores (art. 1114 del Código Civil) y si bien el  criterio de ponderación de las causales de eximisión previstas en el código de  fondo exigen una estricta apreciación, tal como lo considera el Tribunal de  Alzada, la misma no conduce al extremo de negar la posibilidad de probar la no  culpa de los progenitores en los términos del art. 1116 del C.C. al punto de  que la eximente sólo resulte procedente demostrando la culpa de la víctima y  otro extremo que demuestre la ruptura del nexo causal.-

 

No son tales las únicas causales de eximisión que ha previsto la norma  al invertir la carga probatoria. Por el contrario, la posibilidad de demostrar  la “vigilancia activa”, en tanto concepto indeterminado, sólo puede concretarse  a través de la prueba conducente que merezcan las circunstancias y hechos  particulares de la causa, con lo cual en modo alguno queda restringida a los  extremos que observa el Tribunal de Alzada.-

 

Ello es así pues, la prueba del cumplimiento de los deberes de  vigilancia y educación de los padres hacia sus hijos menores, integra el  supuesto normativo del artículo 1116, pues tal “vigilancia activa” significa  haber cumplido con los cuidados que requiere la edad, educación y carácter del  menor en consideración con los medios, posibilidades y condición social de los  progenitores. En síntesis, la norma debe considerarse en su integridad.-

 

La interpretación errada del fundamento de la responsabilidad de los  padres (artículo 1114 C.C.), ha llevado al tribunal de Alzada a soslayar el  artículo 1116 del Código Civil que contempla la posibilidad de los padres de  demostrar su falta de culpa mediante la prueba del presupuesto legal previsto  al efecto.-

 

Y ello es así pues, tal como expresa el Máximo Tribunal de la Nación,  cuando los jueces interpretan las normas no deben extender las restricciones  mas allá de su letra, máxime si se considera que éstas deben interpretarse  siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones,  destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero el criterio que  las concilie y deje a todas con valor y efecto para que se salve la finalidad  de la ley (cfme. C.S. 18/07/95, L.L. 1995-D, 183).-

 

La finalidad de la ley no ha sido la necesidad de encontrar un  responsable solvente que afronte el resarcimiento del daño causado a la víctima,  sino la obligación de los padres de responder por los perjuicios ocasionados al  infringir los deberes emergentes de la patria potestad que deben ejercitar.-

 

Con lo dicho, cabe responder afirmativamente a la Primera Cuestión y  casar la sentencia de Alzada en lo que respecta al agravio tratado y conforme a  las conclusiones a las que hemos arribado.-

 

  5.- Ahora bien, el artículo 13 de la Ley nº 476 establece que: “Cuando el  Superior Tribunal de Justicia estimare que la sentencia recurrida encuadra en  alguno de los casos previstos por el art. 1º así lo declarará procediendo a  casarla. Si una vez casada la sentencia los autos quedaran en estado de  pronunciar una nueva resolución del litigio, la dictará; en caso contrario  remitirá la causa a otro tribunal para que prosiga su trámite.”.-

 

Por tal razón, corresponde ahora a este Tribunal dictar un nuevo  pronunciamiento para dar solución al litigio en lo que fuera materia de agravio  ante esta instancia.-

 

  5.1.- Los codemandados I. G. y M. T., se agravian de la responsabilidad refleja  que les endilgara la sentencia de primera instancia por el hecho dañoso  cometido por su hijo D. J. y del que resultara víctima F. A.-

 

A tal fin alegan que, a su entender, ha quedado demostrado en autos a  través del cúmulo de pruebas producidas al efecto, que han cumplido con el  deber de vigilancia activa y educación que exige la norma, y que el hecho  protagonizado por su hijo les resultó imprevisible.-

 

  5.2.- El artículo 364 de nuestro ordenamiento ritual prescribe que “...los  jueces formarán su convicción respecto de la prueba, de conformidad con las  reglas de la sana crítica.”y “No tendrán el deber de expresar en la sentencia  la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de las que  fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa.”.-

 

En tal sentido, la sana crítica es el sistema que concede al juez la  facultad de apreciar libremente la prueba, pero respetando las reglas de la  lógica y las máximas de la experiencia. Ello no constituye una demostración  meramente formal, sino una argumentación que pretende persuadir y convencer a  aquellos a quienes se dirige de que la elección es la adecuada, legalmente  correcta, valiosa y congruente con el sentido común, expresando en el decisorio  el proceso intelectual que se ha seguido para alcanzar la conclusión a que  arriba (cfme. De los Santos, Mabel, “El Juez frente a la Prueba”, en “La  Prueba, Libro en memoria de Santiago Sentis Melendo”, Editora Platense S.R.L.  1996, pág. 241).-

 

  5.3.- En función de ello y teniendo en cuenta que, como lo anticipáramos  ut-supra, la interpretación y apreciación de la hipótesis del artículo 1116  exige un criterio estricto, no consideramos que la “vigilancia activa” que  exige la ley -entendida como un concepto abarcativo de formación del hijo a  través de la educación- para eximir de responsabilidad a los padres, haya  quedado suficientemente demostrada en autos.-

 

  5.3.1.- En efecto, del informe socioambiental que obra a fs. 233/236 –aunque  con algunas dudas ante la sospecha de respuestas “armadas”- surge que el grupo  familiar es unido, de buenas relaciones entre los miembros y sin símbolos de     violencia ni conflictos aparentes, y la prueba pericial  psicológica confirma el dictamen del asistente social al sostener que la pareja  de los señores T. y G. resulta consolidada por los 24 años de convivencia con  un concepto de familia basado en valores que han tratado de transmitir a sus  hijos, sin signos de perturbación ni en la pareja, ni en la relación paterno  filial, ni en la fraterna. Sin embargo ambos informes fueron elaborados a  partir de entrevistas (una en el primer caso y varias según los peritados en el  segundo) llevadas a cabo entre tres y cuatro años posteriores al hecho,  respectivamente. En el caso de la pericia psicológica (fs. 395/398), resulta  interesante apuntar que mientras que al momento del hecho, el por entonces  menor contaba con 19 años de edad, al tiempo de la pericia psicológica casi  alcanzaba los 23, lapso que, sin duda, pudo haber influido en el carácter y  maduración del peritado, máxime teniendo en cuenta las experiencias vividas  durante su transcurso (estuvo detenido en virtud del proceso y condena penal),  y con ello en el resultado final del informe. Las mismas consideraciones caben  para su entorno familiar.-

 

Por su parte, el informe elaborado por el asistente social, fechado el  8 de noviembre de 1998, mas de tres años después del hecho, se limitó a una  sola entrevista, y seguramente dichas circunstancias llevaron al perito a  concluir que: “Quizás hace falta conocer realmente cómo influyó este hecho en  todos los integrantes a nivel psicológico, para establecer cuánto hay de  negación sobre los hechos reales.”.-

 

Es por ello que, por sí mismas, constituyen sólo indicios que por su  número, precisión, gravedad y concordancia, resultan insuficientes para generar  convicción de que la “vigilancia activa” de los progenitores -entendida como  una buena educación moral que impide la comisión de hechos agresivos- se ha  verificado en la causa, al punto de eximirlos de la responsabilidad refleja que  les cabe por el hecho dañoso de su hijo, entonces menor.-

 

5.3.2.- También en autos se ha producido abundante prueba testimonial.  De la misma es dable hacer mérito de la declaración de A. F. (quien se encontró  con la víctima imediatamente después del hecho) y D. (también en contacto con  la víctima y vecina de la familia G., fs. 351). La testigo F. dijo que con  anterioridad al hecho del que resultara víctima F. A., el señor D. G.  “...estaba un poco agresivo, se enojaba por nada y la noche que pasó eso se fue  enojado con ella... ” (fs. 345), mientras que la señora D. atestiguó que tenía  carácter “...agresivo porque antes que sucediera eso le dio una cachetada en la  puerta de mi casa, que dio la cabeza contra el umbral de la puerta” y que el  día del hecho “...ya iba agresivo a buscarla -a F. A.- él la retiró de mala  voluntad.” (fs. 350 y 351). Cabe agregar que si bien las testigos fueron  ofrecidas por la actora, ningún cuestionamiento formuló la demandada en los  términos del artículo 434 del C.P.C.C. tendiente a disminuir la fuerza de su  declaración.-

 

Por otra parte, el testigo V. (fs. 372/373) declaró que a su criterio  D. G. “es un chico bueno”, fundando su apreciación en el hecho de haber  compartido “unas vacaciones con ellos y volvimos maravillados, unas vacaciones  en familia”. Sin embargo omitió aclarar si los acontecimientos que le permitían  emitir tal juicio resultaron pasados o contemporáneos al hecho, circunstancia  que no resulta irrelevante desde que el tiempo transcurrido pudo haber tornado  a la imagen apreciada en inestable y susceptible de deformaciones.-

 

El testigo O., explayándose en su declaración con relación a las  características personales y familiares de los codemandados, manifiesta que el  señor D. G. es una “....persona muy tranquila e inclusive de muy buenos  modales. Tiene un alto sentido del respeto y no así F. A.” y que la familia G.  “es una familia normalmente constituida y hermosamente constituida”, que no le  consta “...que hayan tenido jamás algún antecedente de violencia” y que “es una  familia muy querida por la gente que la conoce” (fs. 378). Sin embargo, al  iniciar su exposición aclaró que “..era amigo de las dos partes y no lo soy más  de la familia A. por enemistad de ellos hacia mí”, revelación que, por su entidad,  resta crédito, confianza y sinceridad a sus apreciaciones.-

 

En el mismo sentido ha de apreciarse la exposición del señor V. (fs.  381) quien, luego de afirmar que “Tengo una amistad muy grande con la familia  G. y con J. G.”, declaró que la de J. es una familia normalmente constituida,  que no le constan antecedentes de violencia y que mantienen una buena relación  con los vecinos.-

 

  5.3.3.- Tal como lo anticipáramos al iniciar este considerando (punto 5.3) y en  virtud del criterio estricto de ponderación probatoria exigido para exculpar la  responsabilidad de los progenitores G. T., necesario es concluir que la  presunción que pesa sobre los responsables no ha podido ser desacreditada en  los términos del artículo 1116.-

 

Ello es así pues, ni la prueba pericial (socio ambiental y psicológica)  ni los testimonios analizados ut supra, demuestran, acabadamente, que los  padres hubieran inculcado al hijo una educación moral adecuada a sus  características personales, de modo tal de impedirle la comisión de actos agresivos  que, como en el caso, resultaron con un desenlace dañoso en la persona de F.  A.-

 

No era la relación de pareja bien avenida que mantiene el matrimonio  G.-T., ni las relaciones de vecindad que cultivan con su entorno, ni el  concepto social del que gozan, el objeto de la prueba para acreditar la  eximente de responsabilidad del artículo 1116 del Código Civil, sino si,  efectivamente, brindaron al hijo las normas de educación moral y de convivencia  convenientes conforme al carácter, necesidades personales, hábitos, costumbres  y edad de D. J., suficientes para impedir el daño.-

 

  5.4.- En consecuencia, no habiéndose acreditado la eximente en cuestión dado el  criterio estricto de ponderación que la misma exige con relación a la prueba  rendida en la causa, corresponderá asignar al conflicto una solución conforme a  la pretensión de la accionante, rechazando el recurso de apelación y  confirmando el fallo de primera instancia.-

 

  6.- Como ya lo anticipáramos, corresponde dar respuesta afirmativa a la PRIMERA  CUESTION, debiendo casarse la sentencia y resolver, en definitiva, conforme a  lo expuesto en los considerandos que anteceden.-

 

SEGUNDA CUESTIÓN: Teniendo en cuenta la solución a la que hemos  arribado al tratar la cuestión anterior, resulta insustancial considerar y  resolver la presente, habida cuenta la forma en que se dirimen los agravios  correspondientes al recurso intentado con base en el artículo 1º inciso 1º) de  la Ley 476 y los términos del agravio excepcional denunciado por los  recurrentes relativo a la insuficiencia en la fundamentación del decisorio de  Alzada Finalmente, las costas, por la actuación de las partes ante esta  instancia extraordinaria, se impondrán en el orden causado, atento a la forma  en que ha quedado resuelto el recurso.-

 

Por ello el Superior Tribunal de Justicia, Sala A,

 

RESUELVE:

 

  1.- Hacer lugar al recurso extraordinario provincial interpuesto a fs. 950/961  por los codemandados  T. e I. G. con  sustento en el artículo 1º, inciso 1º) de la Ley 476.-

 

  2.- Consecuentemente casar la sentencia de la Sala 2 de la Cámara de  Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera  Circunscripción Judicial, obrante a fs. 930/932vto., en cuanto al motivo de  agravio ante esta instancia y confirmar la sentencia de primera instancia de  fs. 703/715 conforme lo expuesto en los considerandos, con costas a cargo de  los codemandados, manteniendo los honorarios regulados en la sentencia de  segunda instancia.-

 

3.- No pronunciarse sobre el recurso extraordinario provincial interpuesto  a fs. 950/961 con sustento en el artículo 1º, inciso 2º) de la Ley 476.-

 

4.- Imponer las costas de esta instancia en el orden causado, regulando  los honorarios de los doctores J. M. A. y A. A., en forma conjunta, en el 27%  de lo regulado por su actuación en primera instancia, y los de las doctoras S.  E. G. y A. B. G. L., también en forma conjunta, en el 27% de la misma pauta. A  las sumas que resulten de dichos porcentajes se les adicionará el porcentaje de  I.V.A. de así corresponder.-

 

  5.- Ordenar la devolución del depósito efectuado a fs. 949, librándose giro a  la orden de los doctores J. M. A. y A. A. A. por la suma de $ 820 (ochocientos  veinte pesos).-

 

  6.- Regístrese. Notifíquese mediante cédulas a librarse por Secretaría y,  oportunamente, devuélvanse estas actuaciones a su procedencia.-

 

Dr. Eduardo D. FERNANDEZ MENDIA

  Dr. Eduardo M. S. COBO

 

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